EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EVALÚA A
GUATEMALA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
42°
sesión del Examen Periódico Universal, cuarta ronda.
La Coalición EPU Guatemala
−integrada por más de 100 organizaciones de Sociedad Civil−, a la población
guatemalteca y comunidad internacional informa:
Hoy 25 de enero de 2023, el Grupo
de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas inquirió sobre la situación de derechos humanos en Guatemala por cuarta
vez, mediante el procedimiento del Examen Periódico UniversalEPU; evaluando en
qué medida el Estado cumple con sus obligaciones y compromisos en la materia.
Para lo cual emitió recomendaciones, estableció un diálogo interactivo y de
cooperación entre Estados. En este examen quedó en
evidencia que, Guatemala incumplió con los compromisos asumidos a nivel
internacional y que la situación de la población se ha deteriorado.
Desde esta Coalición se envió
información que da cuenta del incumplimiento en materia de derechos humanos y
los graves retrocesos a nivel de: el cierre de espacios de participación social
y democrática, el insuficiente acceso a justicia, el escaso acceso a la
información pública, la criminalización de personas defensoras, periodistas y
radios comunitarias indígenas; la poca de cobertura en salud, el retroceso en los
derechos sexuales y reproductivos, el limitado acceso al agua, la alimentación,
la educación, el desarrollo rural, la tierra y el territorio; así como los
desalojos, la violencia contra las mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres
indígenas, las personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, la
niñez y los pueblos indígenas.
La libertad de asociación y
expresión se ha deteriorado por el aumento de la represión, la emisión de
nuevas leyes que limitan el espacio cívico, las acciones de vigilancia, el
seguimiento, el hostigamiento a través discursos de odio y amenazas en
diferentes formas; pero particularmente en redes sociales que posteriormente se
materializan en ataques en contra de quienes ejercen y promueven estos
derechos.
El desmantelamiento de la
Fiscalía Especializada Contra la Impunidad-FECI, y la criminalización en contra
de operadores de justicia, promovida desde actores estatales y no estatales;
han favorecido la impunidad en casos de corrupción, los graves crímenes
cometidos durante el conflicto armado interno, y la delincuencia en general.
Estos ataques han violentado la independencia judicial, obligando a que desde
el 2019, hayan salido al exilio personas ex operadoras judiciales y fiscales,
para resguardar su vida. Asimismo, se han iniciado procesos penales y
administrativos en contra del funcionariado público y liderazgos políticos de
oposición.
El Consejo de Derechos Humanos
evalúa a Guatemala sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos 42° sesión del
Examen Periódico Universal, cuarta ronda. La urgente instalación y puesta en
marcha de un mecanismo u órgano de seguimiento que esté integrado por el
Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y posiblemente
representantes de los países donantes; con el fin de aplicar plenamente las
recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas las
formuladas en el marco del EPU, tal y como se comprometió Guatemala durante el
segundo ciclo en 2012. El Estado guatemalteco debe establecer las condiciones
de garantía necesarias para evitar los ataques y la criminalización de quienes
promueven y defienden los derechos humanos para que puedan realizar su labor en
libertad y sin represalias de ningún tipo. Durante el actual Gobierno han sido
violentados los derechos a la educación, protección, salud, inclusión,
vivienda, tierra y territorio, alimentación, durante el 2022 se registraron más
de 20,000 casos de desnutrición aguda y la muerte de 68 niñas y niños;
demostrando una contradicción y doble moral que ha violentado el Estado laico,
que además se hace llamar “provida” cuando existen tantos retrocesos en la
garantía de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos.
La población indígena en
Guatemala es del al menos el 44% sin embargo, la pobreza en los hogares
indígenas es de por lo menos el 79.2%, lo que indica las precarias condiciones
de las comunidades indígenas y con ello la ausencia de Estado para garantía de
los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; así como la
implementación de los compromisos para promover los derechos de la población
contenidos en los Acuerdos de Paz. El Estado ha incumplido en lo relativo a la
consulta previa, libre, informada y de buena fe, en los territorios indígenas,
ya que se han incrementado los desalojos forzados, hay un aumento de la
violencia y criminalización hacia las comunidades; en el 2017 se llevaron a
cabo 29 desalojos, con un total 2,342 familias y 9,367 personas afectadas, en
el 2022 hubo 70 desalojos. En los últimos tres años se han incrementado los
estados de sitio en comunidades indígenas entre otros, en los departamentos de
Sololá, Izabal, Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén.
Por lo tanto, expresamos nuestra
preocupación por el enorme retroceso de los derechos humanos en Guatemala,
evidenciado hoy ante los ojos del mundo durante el Examen Periódico Universal.
Ante lo anterior demandamos:
1.- La urgente instalación y
puesta en marcha de un mecanismo u órgano de seguimiento que esté integrado por
el Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y
posiblemente representantes de los países donantes; con el fin de aplicar
plenamente las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos,
incluidas las formuladas en el marco del EPU, tal y como se comprometió
Guatemala durante el segundo ciclo en 2012.
2.- El Estado guatemalteco debe
establecer las condiciones de garantía necesarias para evitar los ataques y la
criminalización de quienes promueven y defienden los derechos humanos para que
puedan realizar su labor en libertad y sin represalias de ningún tipo.
Guatemala 25 de enero de 2023
