SENTENCIA HISTORICA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE GUATEMALA

 

SENTENCIA HISTORICA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE GUATEMALA

Por Anselmo Xunic 

Tel. (502)56760622

Email. anselmoxunic@gmail.com/asociacionmayaixchel@gmail.com

Ante la gran noticia de Sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, ASOCIACIÓN IXCHEL Y RADIO IXCHEL celebran la decisión de la Honorable Corte que es producto de una lucha histórica en la búsqueda del reconocimiento de las radios comunitarias en Guatemala.

Reseña Histórica, surgimiento de lucha de las radios de las radios comunitarias en Guatemala.

El 31 de marzo de 1995, con la firma del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, suscrito en la ciudad de México por el Gobierno de la República y la Unidas Revolucionara Nacional Guatemalteca, hace reconocimiento pleno del acceso a los medios de comunicación a los pueblos indígenas para el ejercicio de sus derechos culturales y de libertad de expresión y opinión.

Como parte del impulso del reconocimiento de las radios comunitarias, además de los Acuerdo de Paz y la Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto número 52-2005), existieron iniciativas de ley iniciativa de ley encaminadas a ese objetivo y que a su vez genere protección ante las acciones de criminalización, asegurando a su vez reservar frecuencias radioeléctricas.

Presentación de la acción de constitucionalidad 2011, Expediente: 4238-2011 Corte de Constitucionalidad

Dada la falta de voluntad política para el reconocimiento y protección de las y los comunicadores de las radios comunitarias de los pueblos indígenas, se identificó la necesidad de la elaboración de una ruta de litigio estratégico que atendiera al objetivo de reconocimiento del ejercicio del derecho de libertad de expresión de los pueblos indígenas a través de los medios de comunicación; que a su vez generara protección de sus comunicadores/as y así cesar la criminalización. Esta ruta fue construida por el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), Asociación Sobrevivencia Cultural y el Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala que identificaron el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad general parcial de la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96 en sus Artículos 1, 2, 61 y 62.

El 14 de marzo del 2012, la CC resolvió sin lugar la acción de inconstitucional de ley de carácter general.  No obstante, exhortó al congreso “al Congreso de la República para que, de acuerdo a lo considerado en el presente fallo, emita la normativa correspondiente en virtud de la cual se regule la posibilidad y acceso de los pueblos indígenas para la obtención y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para promover la defensa, desarrollo y difusión de sus idiomas, tradiciones, espiritualidad y cualesquiera expresiones culturales.”

PETICION

Pese al esfuerzo emprendido en el tema, persistía la resistencia del Estado en cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales. Así es como las organizaciones Cultural Survival, Asociacion Mujb´áb´l yol y Asociación de Sobrevivencia Cultural, junto con abogadas de la Universidad Sullfok  fueron analizando las acciones para continuar incidiendo en el tema, concluyendo con la decisión de la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La cual fue presentada el 28 de septiembre del 2012, alegando que al no crear un mecanismo mediante el cual las comunidades indígenas puedan operar legalmente sus propias radios comunitarias, y al criminalizar la operación de radios comunitarias indígenas ya existentes, el Estado de Guatemala ha violado el derecho de los pueblos indígenas libertad de pensamiento y expresión y al derecho a la cultura.

ADMISIBILIDAD DEL CASO

El 5 mayo 2018, se recibió la notificación del informe de admisibilidad de la CIDH sobre la petición presentada, dentro de la cual describió la situación en Guatemala; particularmente la privación de derechos de los pueblos indígenas a través de la falta de reconocimiento de la radio comunitaria, caracterizando como derechos violados los artículos 13 (libertad de opinión y expresión), 24 (igualdad ante la ley) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento, y artículo XIII (derecho a los beneficios de la cultura) de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Identificando, además, que la afectación se da en una dimensión colectiva y no únicamente a las cuatro comunidades indígenas identificadas en la petición, dada la normativa internacional relativa a pueblos y comunidades indígenas o tribales ya que reconoce derechos a los pueblos como sujetos colectivos del Derecho Internacional. 

CASO ANTE LA CORTE IDH

El 3 de abril del 2020, la CIDH presento el caso ante la Corte IDH, “caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros, respecto de Guatemala” . De manera que la organización de Asociación de Sobrevivencia Cultural junto con las y los abogados del Bufete de Abogados Mayas y las abogadas de la Universidad de Sullfok se está preparando para las audiencias ante la Corte IDH, las cuales se llevó a cabo el 9 y 10 de junio del 2021.

COMUNICADO DE LA CENTENCIA. en un comunicado en la pagina de la Corte IDH dice:

San José, Costa Rica, 17 de diciembre de 2021. - En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán. Tales violaciones ocurrieron principalmente porque el marco regulatorio concerniente a la radiodifusión en Guatemala, particularmente, la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) impidió, en la práctica, que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias.

En la Sentencia, la Corte recordó que la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, y resaltó la importancia del pluralismo de los medios de comunicación en el marco del ejercicio del referido derecho. La Corte indicó que los Estados están internacionalmente obligados a establecer leyes y políticas públicas que democraticen el acceso a los medios y garanticen el pluralismo de medios o informativo en las distintas aéreas comunicacionales, tales como, la radio. Asimismo, señaló que los pueblos indígenas tienen un derecho de verse representados en los distintos medios de comunicación, especialmente en virtud de sus particulares modos de vida, de sus relaciones comunitarias y la importancia que los medios de comunicación, especialmente la radio, tiene para ellos. En este sentido, los pueblos indígenas tienen derecho a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación.

La Corte reconoció que las radios comunitarias, más allá de posibilitar a los pueblos indígenas participar más plenamente en lo público, son una herramienta esencial para la conservación, la transmisión y el desarrollo continuo de sus culturas y lenguas. El acceso a sus propias radios comunitarias, como vehículos de la libertad de expresión de los pueblos indígenas, son un elemento indispensable para promover la identidad, el idioma, la cultura, la auto representación y los derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas. Por ello, los Estados están obligados a adoptar medidas necesarias que permitan a las comunidades indígenas el acceso al espectro radioeléctrico de las radios comunitarias.

Por lo tanto, Corte determinó que, la forma en la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto, casi absoluta, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas en lo que respecta a fundar y utilizar medios de comunicación para difundir información, ideas y opiniones que les afecten y, generar debates que sean de su interés. Así, el Tribunal consideró que la regulación de la radiodifusión en Guatemala, representada especialmente por su LGT, genera una restricción inconvencional al derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas, en particular, de las presuntas víctimas de este caso. Aunado a lo anterior, la Corte encontró que la operación por parte de los pueblos indígenas de sus radios comunitarias consiste en un medio fundamental para su supervivencia cultural. En consecuencia, tomando en cuenta que la regulación de la radiodifusión en Guatemala no permite en la práctica que los pueblos indígenas funden y utilicen sus propios medios de comunicación, se les impide ejercer su derecho de participar en la vida cultural a través de sus radios comunitarias.

Ante todo lo expuesto, la Corte consideró que, en virtud del marco regulatorio concerniente a la radiodifusión en Guatemala, especialmente, la LGT, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, establecidos en los artículos 13, 24 y 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones de respecto y garantía y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, contenidos en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán.

Tomando en consideración que los allanamientos a las radios Ixchel y Uqul Tinamit y los enjuiciamientos de algunos de sus operadores constituyeron una restricción al derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y Maya Achí de San Miguel Chicaj, el Tribunal analizó si, dicha restricción, fue legítima a la luz de los requisitos que exige el artículo 13.2 de la Convención Americana para establecer responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión.

En cuanto a los requisitos de legalidad y finalidad, la Corte notó que la aplicación del tipo de hurto para la persecución penal de las personas que operan las radios comunitarias indígenas resulta inadecuada, toda vez que parece confundir el uso del espectro radioeléctrico con la apropiación, puesto que esta última implica siempre un desapoderamiento. Así, al aplicarse el tipo de hurto, el Tribunal consideró que se incurre en una integración analógica, lo que es contrario a la Convención Americana. Por lo tanto, en vista de que no existeuna“tipificación clara y precisa de la conducta”, es decir, de utilizar una frecuencia radioeléctrica sin licencia de las autoridades estatales, la Corte encontró que no se cumple el requisito de estricta legalidad. Por otra parte, el Tribunal señaló que la persecución penal de las personas que operan las radios comunitarias indígenas no responde a ninguna de las finalidades previstas en la Convención, sino que, por el contrario, los allanamientos de las radios en cuestión y los enjuiciamientos penales afectaron los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión y a participar en la vida cultural.

La Sentencia resalta las reparaciones siguientes:

III. REPARACIONES

La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.

Asimismo, ordenó al Estado de Guatemala las siguientes medidas de reparación integral:

A) Medidas de satisfacción:1) adoptar las medidas necesarias para permitir que las  comunidades indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán puedan operar libremente sus radios comunitarias, y 2) la publicación y difusión de la Sentencia y su resumen oficial;

B) Garantías de no repetición: 1) adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas; 2) reglamentar su operación, estableciendo un procedimiento sencillo para la obtención de licencias; 3) reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico, 4) abstenerse inmediatamente de enjuiciar criminalmente a los individuos que operan emisoras de radio comunitarias indígenas, allanar dichas radios y aprehender sus equipos de trasmisión, hasta que haya efectivamente asegurado mecanismos legales para el acceso de las comunidades indígenas de Guatemala al espectro radioeléctrico y asignado las frecuencias correspondientes, y 5) eliminar las condenas y cualquiera de sus consecuencias relacionadas con las personas de comunidades indígenas condenadas por uso del espectro radioeléctrico y,C) Indemnizaciones Compensatorias: pagar las sumas monetarias fijadas en la Sentencia con motivo de la compensación por los equipos de transmisión aprehendidos, por concepto de indemnización por daño material y daño inmaterial, así como por el pago de costas y gastos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la  Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el  Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

LA LUCHA SIGUE